Por Liliana Becerril Rojas
¿Qué tan vinculada debe estar la Sociedad Civil con el Estado? Es una relación que tendría estar íntimamente ligada, porque la labor del Estado es administrar los recursos públicos a partir de un proyecto político que obedecería a las necesidades y exigencias de la población. Es el encargado de crear las condiciones para que cada individuo y cada grupo de individuos que se asocia a fin de generar productividad cuente con las disposiciones legales, jurídicas y fiscales adecuadas para que sea posible la autogestión y la contribución de impuestos. Se lee sencillo y, teóricamente, lo es. El problema surge cuando el Estado es administrado por un partido político que, para llegar al poder, realiza acuerdos con grupos de poder que condicionan el apoyo, la estabilidad y la vigencia de esa administración. Desde esa estrecha libertad de acción es imposible crear estrategias efectivas para combatir la pobreza, la escasez de los sectores menos favorecidos de la sociedad y se perpetúan las dificultades para los trabajadores del campo y de la industria, porque la problemática que genera la pobreza es la misma que nutre de votos las urnas en cada elección.
La Sociedad Civil debe exigirse a sí misma interesarse por las decisiones de los servidores públicos, especialmente los legisladores, por sus reformas y propuestas, para ser parte activa en la toma de decisiones y no solo esa parte pasiva de la relación que acepta, con resignación, las disposiciones oficiales que poco se interesan con las verdaderas necesidades de la población.
En este entendido, conocer los derechos básicos que nos brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es primordial, es tan indispensable como aprender a leer, a escribir y hacer operaciones aritméticas, porque desde el conocimiento de los derechos y las obligaciones el panorama luce diferente, nos es familiar y nos sabemos partícipes de la construcción del país en el que nos queremos convertir.
“Las buenas intenciones” no bastan cuando hay índices tan altos de inseguridad, de desempleo, de carencias básicas como medicamentos e insumos para hospitales, escuelas públicas que son inoperantes por no tener una infraestructura adecuada para que la impartición de clases. La empatía con la ciudadanía debe reflejarse en la atención de las problemáticas reales, mediante acciones determinantes para resolver las pésimas condiciones de vida y de trabajo de quienes se encargan de producir los alimentos para la sociedad: los productores.
Las obras emblemáticas de la Administración Pública no deben obedecer a intereses de grupos de poder, sino a los requerimientos en educación, en salud, en seguridad, en políticas laborales, políticas económicas y culturales que garanticen la realización de las personas para que puedan contribuir con la prosperidad del país.
La congruencia es un valor indispensable sobre el que debe fundamentarse la relación entre la Sociedad y el Estado, porque las promesas de campaña son un cuento viejo que ya no duerme a nadie. Lo que se promete y lo que se entrega debe ser ejecutado a partir de las necesidades reales de la población y dejar en un segundo o tercer plano los intereses de partido, pues cuando se detenta alguno de los tres Poderes de la Unión, se deja atrás las siglas y los colores para gobernar para todos los mexicanos.
Comentarios